Derechos humanos, ante la pobreza e impunidad

Es indispensable conocer de qué manera las asimetrías de poder, relacionadas con la pobreza y la exclusión social, impiden a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos –es decir, a las víctimas de tortura, desapariciones y ejecuciones sumarias –ejercer la voz, acceder a la justicia y luchar contra la impunidad.

Por: Magdalena Sepúlveda (@Magda_Sepul)

Hoy en día vivimos tiempos turbulentos, con múltiples y variadas amenazas a nuestros derechos,  incluyendo: una disminución de las libertades públicas, incremento de distintos tipos de fundamentalismos, explotación a gran escala de los recursos naturales, degradación medioambiental, inestabilidades políticas y, proliferación de gobiernos y movimientos populistas. Todo esto enmarcado en niveles históricos de desigualdad y una creciente concentración de la riqueza en las manos de unos pocos.

El discurso de los derechos humanos viene siendo objeto de varios análisis críticos. Autores pertenecientes al movimiento y fuera de él han presentado sus ideas de cómo salir adelante de la encrucijada que vivimos.[1] En general, existiría un cierto acuerdo que, frente a los tiempos desolados, es necesario repensar las estrategias y planificar nuevas formas de avanzar en la defensa de los derechos humanos y de combate a la impunidad.

La búsqueda por reafirmar los derechos no debe quedarse en lo abstracto, hay que llevarla a nuestras propias realidad. En este sentido, quisiera contribuir a la discusión desde mi propia experiencia, que es la defensa de los derechos humanos desde la perspectiva de la pobreza.

El trabajo de derechos humanos, hoy más que nunca, tendría que desafiar la opresión y, al mismo tiempo, subvertir la marginación y promover niveles de bienestar en la población. Las estrategias de derechos humanos deben ir más allá de los análisis o respuestas exclusivamente legales. Deben buscar comprender las diversas instituciones y estructuras que informan y reproducen las relaciones de poder desiguales en la sociedad como el género, la raza, el origen étnico, la clase, la discapacidad u otros motivos.

En México, las violaciones sistemáticas a los derechos humanos se cruzan con las exclusiones económicas y sociales. Por ello, las estrategias para enfrentar la crisis de impunidad actual requieren no solo superar limitaciones política complejas –que han sido bien identificadas por varias organizaciones nacionales e internacionales, véase, por ejemplo: Atrocidades innegables: Confrontando crímenes de lesa humanidad en México o Corrupción que mata: por qué México necesita un mecanismo internacional para combatir la impunidad – también un examen de las causas económicas, sociales y culturales de la impunidad.

Es indispensable conocer de qué manera las asimetrías de poder, relacionadas con la pobreza y la exclusión social, impiden a las víctimas de violaciones graves de derechos humanos –es decir, a las víctimas de tortura, desapariciones y ejecuciones sumarias –ejercer la voz, acceder a la justicia y luchar contra la impunidad.

Afrontar la crisis de impunidad que vive el país requiere de un análisis exhaustivo de las condiciones económicas (falta de ingresos, por ejemplo), sociales (la discriminación y el estigma) y culturales (el analfabetismo o problemas derivados de las tensiones entre diferentes religiones, creencias o prácticas) de las víctimas y sus familiares. Analizar la impunidad desde el ángulo de las diversas dimensiones de pobreza ampliaría la mirada y, permitiría la elaboración de estrategias efectivas y sostenibles a largo plazo.

Las barreras de acceso a la justicia que viven las víctimas y sus familiares se sitúan en las intersecciones de la pobreza relacionadas con el género, la edad, el origen étnico, la discapacidad y otros factores. Pensemos, por ejemplo, en los desafíos específicos que enfrenta una joven que busca el paradero del padre de sus hijos; un adulto mayor que busca conseguir justicia sobre la ejecución arbitraria de un hijo o, pensemos en la gran barrera de búsqueda de la verdad y justicia que existe cuando las víctimas directas de la violencia son el principal sostén económico de familias o comunidades.

De qué manera la estigmatización de las víctimas y familiares como lo es, por ejemplo, la representación como criminales que merecen su destino, les obstruye cualquier posibilidad de justicia; o las dificultades que tienen los familiares de las víctimas al buscar justicia cuando las amenazas y la violencia los han forzado a abandonar sus hogares, su trabajo o sus tierras. En estos casos, aun si hubiera confianza en las autoridades y el aparato judicial, las personas se enfrentan a barreras casi insuperables para denunciar, dar seguimiento y enfrentar un eventual proceso.

Frente a la poca voluntad del Estado, organizaciones civiles y principalmente familiares de las víctimas de delitos de lesa humanidad se ha visto forzadas a mantener una presión constante para buscar la verdad y la justicia; algunas incluso han tenido que, directamente, realizar o pagar la búsqueda en fosas. En esta labor arriesgan sus vidas e integridad física; frente a la poca protección, información y asignación de recursos por parte del Estado, las familias tienen que enfrentar decisiones mundanas, pero no así menos urgentes, relativas a cómo distribuir los escasos recursos económicos y, el tiempo limitado entre dedicarse a la lucha por la verdad y cubrir las necesidades básicas tanto propias como del resto de los integrantes de su familia.

La lucha contra la impunidad requiere una mirada amplia, más allá del análisis político o jurídico. La complejidad sobre las causas de la impunidad hace imprescindible prestar atención a las estructuras de poder, instituciones y políticas públicas que generan y perpetúan no solo la pobreza y desigualdad, también la impunidad en el país. Los altísimos índices de violencia, la persistencia de niveles altos de pobreza y la crisis de impunidad no son situaciones aisladas.

Superar la situación actual hace obligatorio que el Estado adopte mecanismos de rendición de cuentas específicos, por ejemplo, un mecanismo internacional para combatir la impunidad. Sin embargo, no se puede limitar a este tipo de medidas, enfrentar el desafío de la impunidad requiere medidas integrales y complementarias. Dichas medidas requieren a su vez identificar de manera comprehensiva el perfil socio económico del gran universo de las víctimas, así como el contexto social de las zonas más afectadas como: indicadores relativos a las condiciones de salud en los hogares, nivel de escolaridad, calidad de la educación, ingreso laboral y no laboral, acceso al agua potable, entre otros. Sobre la base de esta información se deberán adoptar políticas públicas dirigidas específicamente a combatir la impunidad.

Lo anterior requiere, además de una inversión en el sistema de justicia, incluyendo ministerio público, y  policías profesionales, una plétora de otras políticas complementarias: inversión en servicios públicos como centros de salud y escuelas, políticas efectivas de empleo y capacitación a los jóvenes en zonas más afectadas, así como aumento y redirección de programas de asistencia social para el apoyo a las víctimas y sus familiares.

Acabar con la impunidad es uno de los grandes desafíos del próximo gobierno y para tener éxito es necesaria una política integral que se construya con la participación activa de las víctimas, familiares, organizaciones civiles, instituciones académicas y otros organismos independientes capacitados y legitimados para alumbrar el camino hacia la esperanza.

* La Dra. Magdalena Sepúlveda es la Antigua Relatora de Naciones Unidas para la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos. En la actualidad es miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT).

 @CMDPDH

 Referencias: 

[1] Véase por ejemplo, César Rodríguez Garavito and Krizna Gomez (eds.): Encarar el Desafio Populista. Un Nuevo Manual de Estrategias para Actores de Derechos Humanos. Disponible aquí; Kathryn Sikkink: Evidence for Hope: Making Human Rights Work in the 21st Century, Princeton University Press, 2017, y Samuel Moyn: Not Enough. Human Rights in an Unequal World, Belknap Press, abril 2018.

https://www.animalpolitico.com/blogueros-verdad-justicia-reparacion/2018/11/05/derechos-humanos-ante-la-pobreza-e-impunidad/