Hacer pagar a las multinacionales en el Sur

Una insolente rentabilidad que elude a los países anfitriones

A imagen y semejanza de Apple, las multinacionales han pulido sus técnicas de evasión fiscal. El problema resulta más agudo aún en los países del Sur, despojados de sus recursos naturales, pero también alejados de las discusiones internacionales sobre la fiscalidad empresarial. Sin embargo, podrían aportar soluciones para eliminar una parte de las injusticias en este ámbito.

Por Léonce Ndikumana

Profesor de Economía y director del programa de política para el desarrollo de África en el Instituto de Investigación Económica de la Universidad de Massachusetts en Amherst; miembro de la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional.

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En el nuevo orden mundial, las multinacionales poseen un inmenso poder económico y ejercen una influencia política decisiva. La falta de coordinación entre los regímenes fiscales de los Estados les permite minimizar sus obligaciones impositivas, a menudo en detrimento de los países en los que operan. Se trata de una ventaja inesperada y aumentada aún más por los paraísos fiscales –como Irlanda– y los centros financieros offshore (1) –como las Bermudas–, que permiten camuflar los movimientos de fondos transfronterizos, así como la identidad de los empresarios y de los particulares que se benefician de ello. En el sistema actual, el peso del sistema impositivo se traslada, pues, de manera desproporcionada al único factor de producción incapaz de llevar a la práctica esa “libre circulación”: la mano de obra.

Por otra parte, una dificultad gangrena la estructura política mundial. Mientras que los clubes de elite como el G-20 adquieren poder, las instituciones con un funcionamiento no exclusivo –como Naciones Unidas– pierden influencia. Semejante sistema produce importantes conflictos de intereses: se supone que los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) luchan contra la evasión fiscal practicada por las multinacionales, pero también pretenden (y, a menudo, ante todo) favorecer la competitividad de sus empresas. Así pues, los países en vías de desarrollo, los grandes perdedores del fenómeno de recaudación fiscal, no participan en las discusiones sobre las medidas destinadas a remediar esta situación.

Ya es hora de imaginar una nueva forma de funcionar, pues, para los países en vías de desarrollo, los ingresos correspondientes al impuesto de sociedades representan una importante proporción del total de los ingresos fiscales. Este impuesto es, a veces, su único instrumento para sacar provecho de las actividades de las multinacionales que operan en su territorio, puesto que, por lo general, la parte esencial de los ingresos de estas empresas se repatría rápidamente. Por no hablar de que las inversiones extranjeras vinculadas a la explotación de los recursos naturales –en su gran mayoría– crean poco empleo y generan pocos beneficios a las economías nacionales. Resultan ser mucho más generosas en términos de daños medioambientales…

En estas condiciones, a falta de controlar la producción o de recaudar un impuesto de sociedades suficiente, muchos países ricos en recursos naturales presentan unos ingresos fiscales irrisorios. Nigeria, primer productor de petróleo y primera potencia económica del continente africano, muestra una proporción entre los ingresos fiscales y el producto interior bruto (PIB) inferior al 8%, frente al 33% en el caso de Francia, el 26% en el de Sudáfrica y el 19% en el de Kenia (2). Los Estados en vías de desarrollo experimentarán dificultades para elaborar estrategias de desarrollo y garantizar su financiación si no aumentan las sumas que recaudan, lo que les impide emanciparse de la ayuda exterior.

No es algo inhabitual que semejantes consideraciones susciten reprobación. La objeción más frecuente: un incremento del impuesto de sociedades penalizaría a esos países, pues desalentaría a los inversores extranjeros o trasladaría la presión fiscal a los empleados de las sociedades en cuestión. No obstante, existen pocos elementos que respalden esta hipótesis. Por el contrario, se reúnen todos los factores para resaltar la insolente rentabilidad de las multinacionales, en particular aquellas que se especializan en la extracción y en los servicios. ¿Es realmente realista el escenario según el cual estas empresas harían las maletas (¿para ir a dónde?) si se les pidiera pagar unos impuestos más justos? Al contrario, una fiscalidad corporativa eficaz y justa contribuiría a crear un contexto propicio para la actividad económica en los países en vías de desarrollo: otorgaría a la tributación un carácter más previsible, un factor importante para tomar decisiones de inversión racionales. Asimismo, los grandes grupos que pagaran sus impuestos mejorarían su imagen, a menudo degradada.

En 2016, aprovechando su emplazamiento estratégico en Irlanda, en los Países Bajos y en las Bermudas, Google consiguió eludir el pago de 3.700 millones de dólares en impuestos (3.300 millones de euros) (3). Esta práctica se ve facilitada por las disparidades de los regímenes fiscales y por el hecho de que las filiales de las multinacionales son consideradas entidades distintas, que, por lo tanto, pueden estar sometidas a impuestos independientemente unas de otras. Poner en marcha un sistema que beneficie a los países anfitriones y a las empresas implica reformar el sistema actual mediante el establecimiento de una base impositiva común a todos los Estados. La primera etapa consistiría en abandonar el principio de separación de las entidades jurídicas y en determinar la carga impositiva en función de los beneficios que obtenga la empresa a escala mundial. Evidentemente, ninguna sociedad adoptará por sí sola este nuevo régimen, pues la normativa fiscal internacional actual permite eludir en gran medida el impuesto de forma legal. En una segunda etapa, una vez definida esa suma, el impuesto correspondiente a cada territorio en el que la empresa opera podría determinarse mediante un reparto proporcional sobre la base de los indicadores de medida de la actividad económica que presenta la empresa en cada lugar, sobre todo las ventas, los puestos de trabajo y los activos. A este respecto, los sistemas fiscales federales instaurados desde hace muchos años en Estados Unidos y en Canadá podrían ser una fuente de inspiración.

Todo el mundo sabe que la introducción de un sistema de imposición unitario con un reparto proporcional a escala mundial plantea grandes desafíos de orden práctico, comenzando por la creación de un marco institucional que permita compensar las desigualdades en la redistribución de los impuestos entre los países. Un proyecto de estas características, en el que estuviera involucrado todo el planeta, podría –y seguramente debería– abordarse en foros en los que todos los países se encuentren representados por igual. Los países en vías de desarrollo no pueden contentarse con observar estas discusiones desde las gradas de las salas en las que se reúnen los poderosos; deben poder participar en ellas como socios de pleno derecho, en un proceso organizado por instituciones mundiales no exclusivas como Naciones Unidas.

Notas:

(1) Los paraísos fiscales y los centros financieros offshore (OFC, por sus siglas en inglés) tienen en común una fiscalidad débil o inexistente y un marco normativo favorable para la evasión fiscal, con una supervisión limitada y una divulgación mínima de la información. Los OFC se caracterizan por contar con una industria de servicios financieros de magnitudes desproporcionadas con respecto a la economía nacional.

(2) “Collecting Taxes Database”, USAID, Washington, DC.

(3) Nick Statt, "Google still exploiting tax loopholes to shelter billions in overseas ad revenue", The Verge, Nueva York, 2 de enero de 2018.

https://mondiplo.com/hacer-pagar-a-las-multinacionales-en-el-sur

 

ICRICTLéonce Ndikumana