El estallido social en Chile, las movilizaciones en Ecuador, las elecciones en Argentina, etc. Hacen evidente que el modelo económico basado en privilegios para las inversiones, bajos salarios para la clase trabajadora y poca o nula redistribución del ingreso, está agotado. Es hora de construir una alternativa real al neoliberalismo basada en una fiscalidad de carácter inclusivo, como un instrumento de redistribución concreto, lejos del actual sistema fiscal que ha profundizado la desigualdad en la región y responsable en gran parte de la crisis de las finanzas públicas en Nuestra América estimulando el desmantelamiento del Estado y en las políticas y servicios públicos necesario como educación, salud, vivienda.
Esta necesidad se hace más evidente año a año con los varios escándalos mediáticos producidos por las filtraciones de bases de datos: Luxleaks (2014), SwissLeaks (2015), Panamá Papers (2016), Bahamas Leaks (2016), Paradise Papers (2017), entre otras, donde se aprecia cómo el uso de redes de guaridas fiscales y diversos mecanismos de fraude tributario a escala global erosionan la base recaudatoria de los Estados privando así a los países de mejorar la calidad de sus servicios públicos y de ampliar su base de derechos.
El impacto de la planificación tributaria agresiva es alarmante en la región. De acuerdo con estimaciones de la Comisión Económica para América latina y el Caribe (CEPAL), sólo los flujos financieros ilícitos relacionados con salidas de recursos por la manipulación de precios del comercio internacional alcanzaron 765 mil millones de dólares en el período acumulado de 2004 a 2013. Dos tercios de esta cifra se deben a la sobrefacturación de las importaciones y un tercio a la subfacturación de las mismas.
Asimismo, según CEPAL la evasión fiscal en la región es de 340 mil millones de dólares anuales, compuesta por la evasión del impuesto al valor agregado (US$ 120 mil millones), y la evasión del impuesto a la renta de personas físicas y jurídicas (US$ 220 mil millones).
Por tal razón, es pertinente profundizar el dialogo entre congresistas progresistas y las organizaciones sociales y sindicales que promueven justicia fiscal en la región. Se requiere seguir profundizando las articulaciones parlamentario-sociales a nivel regional a fin de impulsar esta agenda común por justicia fiscal, por eficacia y democratización del gasto e inversión social en áreas claves como educación, salud, empleo, vivienda. La permanente reflexión sobre el estado actual de la política fiscal en Nuestra América, sus problemas y desafíos, la identificación del impacto del fraude fiscal (evasión/elusión) como parte de los flujos financieros ilícitos que erosionan el financiamiento de las políticas públicas, así como la relación entre la erosión de la base tributaria y la fuga de capitales, es un trabajo urgente y necesario que requiere de la profundización de las alianzas estratégicas entre la academia, los sindicatos, los movimientos y organizaciones sociales y los parlamentos de la región.
Ricardo Martner, miembro del ICRICT, participa a la mesa de dialogo “Renovando la agenda parlamentaria regional por Justicia Fiscal. Propuestas de políticas desde los parlamentos y la Sociedad Civil”, el 5 de diciembre, de la 4:30 pm a la 6:30 junto con:
Adrián Falco, Fundación SES (Argentina)
Laura Imelda Pérez Segura (Diputada México)
Marcela Zúñiga Cáceres (Diputada Honduras)