El acuerdo de la UE para aplicar el impuesto mínimo global es un paso adelante, pero no es suficiente
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La Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional (ICRICT) acoge con satisfacción el acuerdo alcanzado por los Estados miembros de la Unión Europea para aplicar el componente del 15% de imposición mínima efectiva, conocido como Segundo Pilar, del “pacto fiscal global” del G20/OCDE, como primer paso hacia una reforma integral de la fiscalidad internacional de las multinacionales.
Sin embargo, ICRICT aboga por un tipo impositivo mínimo del 25%, y a la Comisión le preocupa que el acuerdo sobre un tipo mínimo mundial tan bajo se convierta en la norma mundial, y que una reforma que pretendía garantizar que las multinacionales paguen lo que les corresponde acabe haciendo justo lo contrario.
Los países en desarrollo, que dependen relativamente más de los ingresos del impuesto de sociedades como fuente de ingresos públicos en comparación con las economías avanzadas y sufren las mayores pérdidas por el abuso del impuesto de sociedades en proporción a sus ingresos fiscales actuales, serían grandes perdedores. También lo serían las pequeñas y medianas empresas de los países desarrollados, ya que pagan el tipo local íntegro.
En general, el actual acuerdo fiscal mundial sigue sin basarse en una comprensión adecuada de la economía del impuesto sobre los beneficios de las empresas. Incluso con el acuerdo, el sistema multinacional del impuesto de sociedades seguirá reforzando las desigualdades mundiales. A falta de soluciones sostenibles, los países no deberían verse limitados a la hora de seguir aplicando medidas alternativas (como exige el Pilar I del acuerdo), sino que deberían poder aplicar medidas para defender su base imponible, incluso en consonancia con los objetivos generales del Segundo Pilar, dejando para más adelante la conciliación de los distintos enfoques, con el objetivo de "nivelar hacia arriba" (es decir, utilizando la definición más completa y un tipo más ambicioso).
No obstante, las negociaciones hacia una reforma más exhaustiva deben continuar bajo la presidencia del G20 de India en 2023 y de Brasil en 2024 y, tras la reciente aprobación de la resolución del Grupo Africano para una cooperación fiscal internacional más inclusiva y eficaz, en las Naciones Unidas en un formato diferente que reconozca el fracaso del proceso de 2019-2022 para dar voz efectiva a los países en desarrollo. En última instancia, esto debe proporcionar la plataforma para una nueva ronda de negociaciones que permita alcanzar un nuevo acuerdo fiscal global para el mundo.
Joseph Stiglitz, professor de Economía de la Universidad de Columbia y copresidente de la ICRICT, declara:
“La decisión de los países de la Unión Europea de superar sus problemas políticos internos y adoptar finalmente un impuesto mínimo global del 15% es una buena noticia. Pero también es crucial que todos los demás países se sumen al acuerdo si queremos poner fin a la competencia fiscal entre países para atraer capitales, en la que los únicos ganadores son las multinacionales. Y tenemos que ser más ambiciosos: acordar un impuesto mínimo global es un paso en la dirección correcta, pero el 15% es demasiado bajo. Puede incluso empujar a varios países a bajar sus impuestos de sociedades, lo cual es el efecto contrario al deseado. En el ICRICT apoyamos un tipo del 25%, que reduciría la presión sobre los países de acogida para que ofrezcan incentivos fiscales bajos a las empresas extranjeras y pondría fin a la carrera a la baja, con los efectos devastadores que la evasión fiscal de las multinacionales ha tenido en las finanzas públicas de los países de todo el mundo”.
Jayati Ghosh, profesora de Economía de la Universidad de Massachusetts en Amherst y copresidenta del ICRICT declara:
“La decisión de los países europeos de adoptar finalmente el principio de un tipo mínimo global sólo demuestra una cosa: que cuando existe voluntad política, todo es posible. Por eso esta voluntad política debe ir ahora mucho más lejos, y por eso los países deben adoptar un tipo mínimo mucho más elevado que el 15% mencionado en el acuerdo de la OCDE. También ha llegado el momento de revisar toda la cuestión de la gobernanza de las negociaciones fiscales internacionales, teniendo realmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo. Los países africanos lo han demostrado claramente recientemente al pedir que el debate se celebre en el ámbito de la ONU, y no sólo en el club de los países ricos de la OCDE. Esta demanda debe ser escuchada, y debe relanzarse una ronda de negociaciones verdaderamente integradora”.
Martín Guzmán, ex ministro de Economía de Argentina y miembro de la ICRICT, declara:
“El año pasado, varias economías en desarrollo y emergentes, entre ellas mi país, Argentina, firmaron el acuerdo fiscal mundial negociado bajo los auspicios de la OCDE y el G20, aun sabiendo que este acuerdo carecía de ambición para proporcionar ingresos sostenibles significativos a todos los países. Pero preferimos un acuerdo insuficiente a ningún acuerdo, porque los principios iban en la dirección correcta y porque los países están desesperados por obtener recursos tras la pandemia. Desde hace un año, la aplicación de este acuerdo está bloqueada por problemas políticos internos en las economías avanzadas que obtendrían los mayores beneficios, lo que convertía la situación en absurda. Por tanto, hoy acogemos con satisfacción esta decisión de los países europeos. Pero este acuerdo sigue siendo insuficiente ante la crisis de las finanzas públicas que viven nuestros países. Los países en desarrollo deben tener una representación más efectiva en la mesa de negociación para poder abordar uno de los problemas más tóxicos de la globalización, el de la elusión fiscal por parte de las empresas multinacionales, y construir así una base de ingresos fiscales más adecuada para abordar los retos sociales y económicos a los que nos enfrentamos”.
Wayne Swan, extesorero y Viceprimer ministro de Australia y comisionado del ICRICT, afirma:
“Tras un año de estancamiento, la decisión de los países europeos de adoptar un tipo mínimo, tal como estipula el acuerdo de la OCDE firmado el año pasado, es un paso en la dirección correcta. He seguido las negociaciones globales desde que comenzaron, y me complace ver que ahora se reconoce ampliamente que no podemos tener sociedades prósperas, resistentes e inclusivas sin servicios públicos de calidad y políticas sociales dirigidas a los más vulnerables. Es la única manera de defender nuestras democracias frente a las tentaciones autoritarias y populistas. Pero para que esto ocurra, los países deben ir más allá y seguir trabajando para lograr un acuerdo más amplio”.